I + D    Carrera espacial

El espacio, de patrimonio de la humanidad a foco de la minería privada

La Administración de Trump aprovecha la crisis de la pandemia global para firmar una orden ejecutiva que establece la política de EEUU sobre la explotación de los recursos fuera de la Tierra

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Cuando nos enfrentamos a una tragedia como la actual pandemia, hemos de abrir el foco y ampliar el significado de lo que ocurre al planeta Tierra entero, sin barreras. Ahora mismo, estamos presos de esta crisis global que atenta contra uno de los bienes comunes más preciados: la salud humana, que más que nunca es un bien relacional. En la pandemia, la salud individual de cualquiera también depende de los que le rodean.

En ese contexto global es fácil recordar las preguntas del profesor del Swarthmore College Barry Schwartz: "¿Cómo escapar del dilema en el que muchos individuos actuando ‘racionalmente’ en su propio interés, pueden en última instancia destruir un recurso compartido y limitado, incluso cuando es evidente que esto no beneficia a nadie a largo plazo? [...] Nos enfrentamos a la tragedia de los comunes globales".

¿De quién es el oxígeno que necesitan los humanos para respirar en todo el planeta? ¿No es un atentado contra el bien común de la humanidad la deforestación salvaje de enormes extensiones de Brasil, en Asia y en África? ¿Acaso no es común la ‘propiedad’ del enorme depósito de hielo y agua dulce del Ártico y de la Antártida que equilibra el clima de todo el planeta? Hay un vacío de gobernanza global evidente para gestionar los bienes comunes globales. Incluso la opción multilateral se muestra insuficiente porque está polarizada al extremo.

Y podemos extender el concepto de bien común incluso fuera del planeta. Como competición científica y tecnológica que es, la carrera espacial siempre ha sido vista como una conquista del conocimiento humano. Ha proporcionado, de hecho, inventos con numerosas aplicaciones en nuestra vida cotidiana.

La Luna ha sido considerada, desde poetas a cineastas, como algo común para todos los hombres; como un escenario más de su evolución como especie inteligente. Pero parece ser que ese sueño romántico está tocando su fin. Ahora, ya mismo, hay quienes miran la Luna sólo como nuevas oportunidades de negocio. Puro y duro.

Minería en la Luna

Lo que ya interesa de la Luna no es su "magnífica desolación", como la describe Buzz Aldrin, el segundo hombre que paseó por el satélite terrestre. Materias primas como hierro, titanio, aluminio, silicio, calcio, magnesio, hidrógeno, quizá helio-3 o combustibles fósiles, y esto sí, tierras raras con las que se fabrican componentes esenciales para vehículos eléctricos o híbridos, turbinas eólicas, dispositivos electrónicos y tecnologías de energía limpia. Materias primas que, dada su escasez y la dificultad de su extracción en la Tierra, podrían ser uno de los más nuevos opulentos negocios espaciales.

La cosa ya viene de lejos. A finales de 2008, tanto la empresa de Elon Musk, SpaceX, como Orbital Sciences diseñaron proyectos para desarrollar naves espaciales -Cargo Dragon y Cygnus, respectivamente- y la NASA se sentía confiada en seguir adelante con la adjudicación de contratos para servicios de entrega de carga reales.

SpaceX recibió 1.600 millones de dólares por una docena de misiones, y Orbital, 1.900 millones de dólares por ocho vuelos. En junio de 2010, el Falcon 9 hizo un exitoso vuelo de debut. Ese año, la NASA comenzó a otorgar contratos de precio fijo para empezar a desarrollar vehículos comerciales para la tripulación, no sólo a SpaceX, sino también a Boeing, Sierra Nevada Corporation y Blue Origin. En 2014, la NASA seleccionó a SpaceX y Boeing. Para entonces, los transbordadores espaciales estaban en museos. Así que la NASA y EEUU empezaron a depender crecientemente del sector privado para dar un paso adelante.

Los Acuerdos Artemis

Siguiendo esa línea de colaboración público-privada, EEUU lanza en 2017 el Programa Artemis, ya en curso, de vuelos espaciales tripulados financiados por el Gobierno que tiene el objetivo de aterrizar "la primera mujer y el siguiente hombre en la Luna, específicamente en la región del polo sur lunar para el 2024".

Pero esto llevaba implícita la firma de los ‘Acuerdos Artemis’, según los cuales las misiones se llevarán a cabo predominantemente por la NASA, y empresas comerciales de vuelos espaciales de los EEUU contratadas por la NASA, en colaboración con socios como la Agencia Espacial Europea (ESA); Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA); Agencia Espacial Canadiense (CSA) y la Agencia Espacial Australiana (ASA).

La NASA lidera el programa, pero espera que las asociaciones internacionales desempeñen "un papel clave" en Artemis como el siguiente paso hacia el objetivo a largo plazo de establecer una "presencia humana sostenible en la Luna", y finalmente "enviar a seres humanos a Marte".

Sin embargo hay ‘letra pequeña’ en este espectacular mix público-privado. La revista New Sciencist se preguntaba en mayo de 2019: "¿Quién ganará la nueva carrera espacial; el SpaceX de Elon Musk o una superpotencia (estatal)?" Estábamos acostumbrados a ver las misiones espaciales bajo un sesgo totalmente científico. Pero ahora eso está cambiando. Bajo el paraguas de Artemis hay varios componentes. El primero es la Plataforma-Gateway Orbital Lunar, "una estación alrededor de la Luna que extendería la presencia de la ‘humanidad’ en el espacio y proporcionaría una plataforma para experimentos científicos y ‘excursiones’ a la superficie lunar".

Parte del impulso de la administración Trump hacia la Luna incluye un creciente papel para las empresas aeroespaciales privadas, que tienen la intención de desarrollar hardware y potencialmente poner en marcha una "economía lunar". La NASA ya ha financiado a 11 empresas estadounidenses, entre ellas SpaceX, de Elon Musk, y Blue Origin, de Jeff Bezos (dueño de Amazon), para desarrollar vehículos de aterrizaje para llevar a los astronautas a la superficie lunar.

Orden ejecutiva de Trump

Considerar la Luna como un bien común para toda la humanidad fue el criterio que dio lugar al Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967. Oficialmente es el tratado que debe regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes. Es un acuerdo que constituye la base actual del derecho espacial internacional.

Trata de la exploración espacial en general, mientras que hay un acuerdo posterior sobre la Luna de 1984, más específico, que establece que "la luna y sus recursos naturales son patrimonio común de toda la humanidad", prohibiendo la propiedad de cualquier parte de la luna o de cualquier recurso de la Luna.

Entre los principales puntos del Tratado sobre el espacio ultraterrestre figuran la prohibición del emplazamiento de armas nucleares en el espacio, la limitación del uso de la Luna y de todos los demás cuerpos celestes a fines pacíficos únicamente, y el establecimiento de que el espacio será libre para su exploración y uso por todas las naciones, pero que ninguna nación podrá reclamar la soberanía del espacio ultraterrestre ni de ningún cuerpo celeste. En junio de 2019, 109 países eran parte en el tratado, y otros 23 lo habían firmado, pero aún no habían completado la ratificación.

Ya en 2016 la revista New Sciencist avisaba, en un artículo titulado Despiece cósmico: Ley y saqueo en la frontera final, sobre lo que estaba ocurriendo bajo el paraguas de la ‘colaboración público-privada’ en el espacio, señalando que EEUU quería seguir adelante con la minería, entre otras ‘cosas’, de asteroides.

Y hace pocos días, el 20 de mayo, publicó, otro: Los Acuerdos de Artemis de la NASA tienen como objetivo establecer la ley de la Tierra en la Luna (la ley de EEUU, se entiende). Resulta que el pasado 6 de abril con toda Europa en pleno confinamiento, y el sistema mundial de noticias casi colapsado por la Covid-19 –una situación ideal para ocultar en esa gigantesca ‘nube’ informativa cualquier cosa noticiosa conflictiva–, Donald Trump firmó una ‘orden ejecutiva’ que establece la ‘política’ de los EEUU sobre la explotación de los recursos fuera de la Tierra. Hechos consumados. Subraya que el actual régimen regulador –en particular, el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre–, sí permite el uso de tales recursos.

En dicha orden ejecutiva, se dice nada menos que "será necesario asociarse con ‘entidades comerciales’ para recuperar y utilizar los recursos del espacio ultraterrestre, incluidos el agua y ciertos minerales".

Y sobre el Acuerdo sobre la Luna de 1984 dice claramente: "Los EEUU no son parte del Acuerdo sobre la Luna. Además, los EEUU no consideran que el Acuerdo sobre la Luna sea un instrumento eficaz o necesario para orientar a los Estados nacionales en lo que respecta a la promoción de la participación comercial en la exploración a largo plazo, el descubrimiento científico y el uso de la Luna, Marte u otros cuerpos celestes". Tremendo.

En diciembre de 2017, Trump, firmó la Directiva de Política Espacial-1, que sentó las bases del Programa Artemis. Y después otras dos cuyo propósito es "racionalizar la regulación del espacio comercial" y los protocolos para el "control" del tráfico espacial. Y la cuarta, la ‘Directiva de Política Espacial-4’, que el presidente firmó en febrero de 2019, pedía la creación de la Fuerza Espacial, la primera nueva rama militar de los Estados Unidos desde que se puso en pie la Fuerza Aérea en 1947. ¿Recuerdan la frase del Tratado: "Dedicar los cuerpos celestes a fines pacíficos únicamente"? Pues Trump, al parecer, busca lo contrario.

Pero esto va más allá. Mike Wall, afirmaba en Space.com que la Casa Blanca cree que "el hielo de agua y otros recursos lunares... están ahí para ser aprovechados", y que el nuevo decreto ejecutivo de Trump "subraya que EEUU no considera el espacio como un bien común mundial" y ve un camino claro hacia "la explotación minera fuera de la Tierra, sin necesidad de nuevos acuerdos internacionales a nivel de tratado".

Por si fuera poco, las empresas colaboradoras de las entidades firmante de los acuerdos Artemis no están sujetas a ello, igual que cualquier contratista. Los tratados solo obligan a los Estados. El programa Artemis tiene como objetivo hacer aterrizar dos astronautas en la Luna en 2024 y establecer una presencia humana sostenible en allí para el año 2028. Los recursos lunares (todo tipo de minerales y materias primas), especialmente el hielo de agua que se cree que abunda en los suelos permanentemente en penumbra de los cráteres polares, son la clave de las grandes ambiciones de Artemis, han dicho los funcionarios de la NASA.

Mientras tanto el mundo no se para. Nos confinamos con una carrera espacial de base científica, con la Luna y sus recursos naturales como patrimonio común de toda la humanidad. Y nos vamos a desconfinar con nuestro adorado satélite como lugar de explotación de minería privada y el Programa espacial comercial, liderado por SpaceX, en marcha. 

Antes de la actual ‘introspección’ de los Estados, la ciencia y la innovación en el espacio tenían en su ‘ADN’ un fuerte constituyente gubernamental. En EEUU, lo tenían la NASA, la Fundación Nacional para la Ciencia (NSF) o los Institutos Nacionales de Salud (NIH). Pero esa visión está perdiendo fuelle. El ‘America First’ de Donald Trump no va en esa dirección, sino en contra: cuanto menos ‘Estado’, mejor.
La empresa de Musk, lanzó su Programa de desarrollo del sistema de lanzamiento reutilizable, y logró por primera vez un aterrizaje con éxito y la recuperación de una primera etapa del cohete lanzador en diciembre de 2015. Las empresas privadas están dando a la NASA su propia lección de innovación aeroespacial, aplicando novedades radicales, como sistemas de ignición reiniciable; nuevas tecnologías de control de ‘actitud’; aletas de rejilla hipersónica hechas de titanio forjado y sin pintar; la gran plataforma de aterrizaje flotante; el tren de re-aterrizaje ligero y desplegable con helio de alta presión como fluido de trabajo. El ahorro es considerable.