A fondo    I+D+I

Los días en los que la Administración fue ágil y no un freno a la innovación

Los dos últimos meses el ecosistema innovador ha sido un ejemplo al volcarse en la lucha contra la Covid-19 y se ha unido el sector público tratando de flexibilizar su burocracia para no ser un lastre en los avances que urgen

18 MAY. 2020
21 minutos
Una técnica trabaja en el laboratorio de impresión 3D de un centro tecnológico para un proyecto de I+D contra el Covid-19.
Una técnica trabaja en el laboratorio de impresión 3D de un centro tecnológico para un proyecto de I+D contra el Covid-19.

Combinar la filosofía maker, con su voluntad, su agilidad y su espíritu emprendedor, con la de la industria más innovadora y su capacidad de lanzar una producción en un tiempo récord. Durante esta pandemia este deseo tenía que transformarse en una realidad al estar inmersos en una emergencia sanitaria sin precedentes. Pero esto no iba a ser posible si no existía una colaboración público-privada real. La alargada sombra de la burocracia administrativa podía ser un obstáculo y para superarlo la Administración (central, autonómica o local) tenía que someterse a su propia transformación para ser ágil y flexible, dos cualidades a las que no suele estar asociada.

"El comportamiento habitual de una administración es que hasta que algo no lo aprueba y lo normaliza un comité técnico no puede salir al mercado", explica a INNOVADORES Empar Martínez, directora general de Industria de la Generalitat Valenciana. Esto es una barrera si surge una necesidad apremiante y este modelo de comité, por ejemplo, no existe. ¿Cómo puede flexibilizarse la Administración? Martínez cree que sabiendo "para qué sirve, qué tiene que cumplir y cómo vamos a garantizar que lo cumple" el producto innovador que se quiere desarrollar. 

¿Puede nuestro sistema garantizar esta agilidad más allá de la Covid-19? «Ese es el reto»

Y esto requiere un cambio en la idiosincrasia de la Administración para buscar una agilidad en los procesos que no puede ir en detrimento de su "función garantista", por lo que la responsable valenciana subraya que han tenido que "ser ingeniosos y creativos para ver cómo cumplirlo sin una norma definida". Así, la colaboración público-privada era más que necesaria. Para identificar qué empresas tenían capacidades para hacer determinados proyectos y para que lleguen al mercado. Y todo en "un tiempo razonable", destaca a INNOVADORES el director de Proyectos del instituto tecnológico Aimplas, Jesús Latorre. 

De hecho, "esa necesidad y esa urgencia" para disponer "lo antes posible" de productos y servicios que se requerían en esta lucha fue lo que llevó al Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) a "acelerar los procesos administrativos de los expedientes para priorizarlos", incide a INNOVADORES su director general, Javier Ponce. Y esto se ha puesto en práctica con la creación de Consejos de Administración extraordinarios de acción rápida o los llamados fast-track que evalúan proyectos de I+D relacionados con la Covid-19 y les conceden ayudas parcialmente reembolsables. Se celebra uno cada 10 días y ya van tres (dos en abril y uno en mayo), en los que se han aprobado 12 con una aportación de 6,3 millones.

Luis Villarejo, investigador de la UOC, maker y CEO de Immersium Studio, está preparando una propuesta para optar a estos fast-track del CDTI, con los que, destaca a INNOVADORES, "se está consiguiendo acelerar la burocracia y los plazos para aprobar o rechazar proyectos"», ya que hasta ahora "lo normal era que estos procesos llevaran bastante tiempo".

Ayudas y subvenciones

Esta aceleración interna solo tenía sentido si se priorizaba toda la cadena de decisiones asociada. Ponce matiza que no solo afecta a la evaluación técnica y financiera de los proyectos, sino "también la aprobación de la ayuda pública y su seguimiento, ahora en formato virtual", para certificar que se está llevando a cabo el proyecto aprobado. 

Esta medida se une a la nueva campaña de subvenciones que complementa a la del Instituto de Salud Carlos III para proyectos de I+D e inversiones asociadas a la Covid-19. Si las subvenciones tradicionales se rigen por Derecho Administración y la Ley General de Subvenciones, en este periodo extraordinario "se ha podido excluir parte del reglamento para acelerar los procesos de aprobación y no retrasar mucho las decisiones". 

Ponce asegura que todas estas medidas no están frenando los procedimientos para otro tipo de proyectos de I+D, no relacionados con la Covid. De hecho, insiste en que en el consejo ordinario de abril se dieron luz verde a 185 operaciones dotadas con 92 millones. Se está "intensificando" la evaluación y la concesión entre un 15 y un 20% para flexibilizar también este tipo de trámites convencionales. 

Asimismo, no se descarta mantener este tipo de mecanismos que agilizan las tramitaciones: "Estamos planteando en los próximos meses, para el relanzamiento de la economía, acelerar actuaciones relacionadas con la innovación tecnológica con mecanismos de esquemas parecidos". Y aunque "habrá que someterlo al Consejo de CDTI", en los próximos años se podría, "probablemente, mantener actuaciones extraordinarias, no tan frecuentes como ahora, para operaciones en las que el tiempo es algo crítico", apunta el director del CDTI.

Por ello, Áureo Díaz-Carrasco, el director de Fedit, destaca a INNOVADORES que la Administración ha tratado de "buscar nuevas herramientas" para agilizar los proyectos de I+D+i que precisaban de una urgencia especial por estar enfocados a la Covid-19. "Se han diseñado en tiempo récord, y eso debe ser un impulso para la I+D+I relacionada con esta crisis", apunta, al tiempo que subraya la flexibilización y la simplicidad de algunos procesos en los que, ahora, "en una única ventanilla está todo"

Sin embargo, incide en que algunas de las ayudas, como las ofrecidas en la Línea ICO de fondos, al canalizarse a través de los bancos que son lo que dan el préstamo, "en algunos casos, estos no están siendo igual de diligentes y comprensivos con la situación actual". Díaz-Carrasco, de hecho, cree que muchos centros tecnológicos han tenido que financiar el desarrollo de innovaciones contra la Covid-19 «con sus propios medios», ya que algunos procesos de homologación de productos "siguen siendo igual de lentos, lo que ha llevado a que mucha gente trabaje en su desarrollo y luego tenga dificultades para que se utilicen".

Además, lamenta que "no se han agilizado los procesos habituales" del mismo modo. Los plazos administrativos "se han paralizado desde el estado de alarma, pensando en que los usuarios no pierdan oportunidades ni se les pasen plazos de entrega", pero esto supone que, convocatorias de I+D+I que estaban pendientes, como la segunda mitad de Cervera para centros tecnológicos o la de Retos Colaboración, "no se resuelvan".

Colaboración activa

Más allá de ayudas y subvenciones, una de las claves ha estado en la cooperación de todo el ecosistema innovador. Al principio de la pandemia, recuerda Villarejo, sí que hubo "un poco de descontrol" porque se empezaron a producir materiales y productos "con muy buena voluntad", pero sin tener claro su futuro uso entre profesionales. En los proyectos, como en los que participó este investigador dentro del movimiento coronavirus makers para realizar viseras de protección, los primeros contactos con la Administración fueron informales, pero se formalizaron y se llevaron "con especial celeridad" para dar una respuesta ágil.

Así, uno de los ejemplos que ilustran esta coordinación con la Administración, señala Martínez de la Generalitat, es el caso del diseño y la fabricación de pantallas faciales para proteger a los profesionales que están en primera línea luchando contra este coronavirus. El primer reto era certificar de algún modo que cumplía unos requisitos mínimos, más allá de la protección frente al virus: se trata de un material que está en contacto con la piel, además, debe permitir unas condiciones de visibilidad , pero sin dañar la visión.

La fabricación a escala industrial estaba resuelta, en este caso, porque la industria juguetera de Ibi (Alicante) ofreció su capacidad de producción. Sin embargo, había diferentes diseños para estas pantallas, ¿por cuál se optaba? Para agilizar trámites y certificar solo uno de ellos, la administración puso en contacto a colegios de ingenieros, centros tecnológicos, empresas y el colectivo de makers. El desafío era acordar un modelo que cumpliera con las especificaciones técnicas para validarlo y producirlo cuanto antes. 

Coordinación y normas

En este punto, Latorre de Aimplas recuerda que fue clave elaborar «en tiempo récord» una serie de especificaciones técnicas que garantizaran la seguridad de uso. "Era necesario un marco normativo para cumplir una serie de requisitos del producto". Así, se pactó un modelo para su posterior fabricación. Martínez, de la Generalitat, señala que se mandó este diseño a la Dirección General de Farmacia del Ministerio de Sanidad para contar con una validación provisional para "tiempos de Covid-19" mientras dure este estado de alarma. "El objetivo es que se pudiese fabricar un producto, que protegiera de la Covid-19 y también cumpliera con la prevención de riesgos laborales", subraya la directora general autonómica.

El reto era dar a conocer tanto la responsabilidad que asume el que fabrica como el que compra el producto innovador. Para ello, destaca la elaboración de un modelo de declaración de responsabilidad a modo de garantía, es decir, para mostrar que cumple una serie de especificaciones mínimas, ya que el producto no contará con los certificados habituales, como sería el sello CE, que requiere de un largo y arduo proceso administrativo que lleva un tiempo del que no se disponía en plena emergencia. Latorre detalla que se establecieron unas especificaciones según normas UNE-EN 166 | UNE-EN 167 | UNE-EN 168 para garantizar su uso.

Así, para cumplir estas especificaciones, en el caso de estas pantallas por ejemplo, era clave incorporar en el proceso de fabricación una fase de higienizado, ya que podrían fabricarse en diferentes empresas, e incluyo en máquinas 3D individuales de makers. La firma valenciana Jeanología (fabricante de vaqueros) se ofreció de forma altruista a desinfectar estas pantallas para garantizar su distribución segura. 

“En condiciones de extrema rapidez y urgencia, tanto makers, empresas, centros tecnológicos y la administración han demostrado que son capaces de poner su conocimiento a disposición de un proyecto y, además, han sido flexibles para unificar un modelo y alcanzar una meta”, destaca Martínez.

Esto es una prueba, añade, de que, a pesar de representar diferentes intereses, la colaboración público-privada ha sido "ágil y a la vez profesional" porque, en una emergencia sanitaria, "no todo vale" y «hay que velar porque lo que se fabrica cumpla con unos requisitos técnicos y de protección".

Latorre de Aimplas concluye que lo positivo vendrá si se consiguen extraer de esta experiencia "unas buenas prácticas" para que la Administración pueda ser más ágil "de los seis meses que se dan siempre para contestar o del silencio de administrativo", porque, apostilla, forzando un poco la máquina se pueden sacar antes las resoluciones a proyectos de I+D con una capacidad de evaluación más rauda y unos formularios sencillos.

Y parece estar de acuerdo Martínez: "Lo bonito sería ser capaces de aprender de estas experiencias. No puedo decir que para llegar a ser igual de ágiles, porque es casi imposible, pero se ha demostrado que somos capaces de cooperar, de compartir conocimiento, de buscar la funcionalidad de la norma, de velar por el cumplimiento de lo que es importante y lo que no lo es dejarlo de lado”. La cuestión sería: "¿Puede nuestro sistema garantizar que somos capaces de hacerlo siempre? Ese es el reto".

Experiencias de ensayos clínicos  Estos dos meses, la innovación tecnológica en el sector sanitario ha sido una prioridad, pero tiene unos plazos de homologación muy exigentes. "Normalmente el procedimiento de aprobación de un ensayo clínico con la Agencia Española del Medicamento dura un mínimo de 3 meses y hasta incluso más de un año", explica a INNOVADORES Esteve Trias, Medical Strategy Manager del centro tecnológico Leitat. Tras una evaluación, la AEMPS dispone de 90 días, “suele ser un procedimiento de iteración largo, siempre colaborativo, pero también de alta exigencia por parte del regulador”.
Por ejemplo, en el caso del respirador, “tardamos en obtener una respuesta al dosier técnico en menos de 72h, evaluado sistemáticamente y con rigor garantizando la seguridad de los pacientes”. Además, se respondieron las aclaraciones en menos de 24h, lo que significa una “dedicación intensiva, flexibilidad, disponibilidad y compromiso por parte de la Agencia respecto a la situación que hemos vivido”.
“El regulador debe ser garantista y el clínico, por el contrario, quiere poder usar el dispositivo en su paciente de inmediato cuando no tiene alternativa”, subraya Trias, ya que se ha “encontrado un difícil equilibrio entre las dos perspectivas del problema”. Para el responsable de este proyecto, Applus, “la AEMPS ha encontrado la fórmula de autorización dentro de un estudio clínico que le permite evaluar seguridad y resultados clínicos, identificar de inmediato posibles efectos adversos, así como refrendar la investigación”.