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El Consejo de Ministros aprueba la tasa Google

Los asociaciones que representan al sector cargan duramente contra este impuesto y aseguran que terminará pagándolo el usuario final

18 ENE. 2019
6 minutos
La portavoz del Consejo de Ministros en una imagen de archivo. / INNOVADORES

La tasa Google ya está aquí. El Gobierno ha aprobado este viernes el impuesto a determinados servicios digitales, con los que pretende reforzar la "equidad" del sistema tributario, según ha indicado la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, tras el Consejo de Ministros.

La ministra ha defendido que el impuesto a las tecnológicas grava actividades que ahora no están sujetas a tributación porque las plataformas "trabajan de manera privilegiada" con respecto a otras actividades que sí pagan impuestos. "Se estaba funcionando con competencia desleal", ha resumido. Este impuesto, que va en línea con el debate sobre tributación digital en la Unión europea, tiene el objetivo, de que "las empresas tributen allí donde están generando beneficios", ha dicho.

La tasa Google, cuyo anteproyecto de ley fue aprobado en octubre del pasado año, iniciará ahora su tramitación en las Cortes, donde puede recibir enmiendas, y con él el Gobierno prevé recaudar unos 1.200 millones de euros a través de un gravámen del 3 % sobre los ingresos obtenidos por publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y venta de datos generados a partir de información proporcionada por los clientes. El tributo solo se aplicará a las multinacionales tecnológicas que facturen más de 3 millones de euros en España y 750 millones en el resto del mundo, por lo que no afectará a las pymes.

El sector TIC critica duramente la medida

Los distintos representantes del sector tecnológico y de la economía digital no han tardado en lamentar una medida que para todos es un error. AMETIC califica esta medida de "acción unilateral" del Gobierno de España porque se produce "sin que exista un consenso internacional entre países, ni a nivel europeo", denuncian, y reclaman la necesidad que exsita un acuerdo global en cuestiones tan importantes dentro de una economía globalizada a través de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

"España va a ser el primer país de la Unión Europea en aplicar una medida de este tipo, que impactará negativamente en la economía española, perjudicando especialmente a las startups, pequeñas y medianas empresas y consumidores. La mayor parte del coste de este impuesto será soportado por las pymes que usan las plataformas digitales y por el usuario, que verá cómo se incrementan los costes de los productos y verá reducida las opciones en el canal digital", han argumentado.

Todo esto, a su juicio, afectará negativamente tanto a la innovación como a la posición digital, situando a España en una desventaja competitiva respecto al resto de países europeos y del mundo y lo califican"impuesto a la exportación" y critican que con esta medida "se rompe con el acuerdo internacional de gravar los beneficios y no los ingresos, y generaría problemas de doble tributación".

También la patronal DigitalES, que agrupa a los principales operadores de telecomunicaciones en España, como Telefónica u Orange, han criticado que España se quede sola "en la aprobación de este impuesto que ya no responde ni al consenso ni a la urgencia que la Unión preveía en su momento".

DigitalES ha expresado su acuerdo con que las empresas tributen allí donde se generan los ingresos, pero ha advertido de que la creación de un impuesto para asegurar este principio en la economía digital no puede suponer gravar doblemente a aquellas empresas que ya están tributando por sus ingresos en España.

Para la Unión de Contribuyentes (UC), la llamada "tasa Google" es "una pésima idea" que frenará el desarrollo y la innovación en el sector más dinámico de la economía, el digital, perjudicando gravemente a miles de pequeñas startups. Con ella, el Gobierno “da una bofetada" a las multinacionales tecnológicas "pero en la cara de todos los consumidores españoles”, según la UC, que ve en la tasa "un arancel oculto", al dirigirse fundamentalmente "contra los servicios que los españoles consumen en servidores de proveedores ubicados en el exterior".