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¿Y si los ayuntamientos ofrecen internet como servicio público?

Tras algunas normativas de la Administración de Donald Trump, la American Civil Liberties Union incide en que los ayuntamientos deben garantizar los derechos constitucionales de los ciudadanos y convertirse en un proveedor de banda ancha "en el que puedan confiar y que sea local, receptivo y responsable”

16 MAY. 2018
3 minutos

La American Civil Liberties Union (Aclu) apuesta, en una de sus últimas publicaciones, por las redes de banda ancha a nivel municipal concebidas como servicio público. Por ello, este organismo ha hecho un llamamiento a los ayuntamientos para que ofrezcan este servicio, pero ¿es esta la mejor forma de proteger libertades?

Desde la Aclu inciden en que deben establecerse como servicio público con el objetivo de garantizar la neutralidad de la red y la libertad en internet, después de la decisión de la Administración del presidente de EEUU, Donald Trump, de aniquilarla. La medida puede generar controversia.

“Para contrarrestar los retrocesos” de las normativas federales respecto a “la neutralidad de la red y las protecciones de privacidad de internet”, los ayuntamientos tienen que incluir entre los servicios que ofrecen a los ciudadanos las redes de banda ancha. Según las conclusiones de este informe, es necesario que todos los ciudadanos tengan “acceso a la banda ancha funcional y asequible, como el acceso al agua corriente y la electricidad”.

“A medida que las ciudades respondan a estas necesidades, brindando acceso a internet, se deben respetar los valores constitucionales de la libertad de expresión y la privacidad, así como garantizar que el acceso se brinde por igual a todos”.

En diciembre de 2017, la Comisión Federal de Comunicaciones votó a favor de revocar la neutralidad de la red. En abril de ese mismo año, el presidente Donald Trump ya había firmado un proyecto de ley para anular las reglas de privacidad de internet, lo que permite a las compañías de telecomunicaciones a recolectar y vender la información de sus clientes.

Ante estas nuevas normas, muchos estadounidenses exigen “un proveedor de banda ancha en el que puedan confiar y que sea local, receptivo y responsable”. Y estos son los ayuntamientos. Por ello, desde Aclu se insta a que los gobiernos locales que aún no ofrecen estos servicios de internet “deberían considerar hacerlo como una forma de avanzar y proteger la libertad de expresión y la privacidad”.